Recientemente, el Gobierno de Javier Milei implementó una significativa reestructuración en las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), dejando de lado su papel como querellante en causas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta medida se toma en respuesta a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca redefinir las competencias de la UIF para evitar superposiciones con otros organismos estatales.
La decisión de limitar las facultades de la UIF está orientada a fortalecer la autonomía y la independencia operativa de esta entidad. El decreto que establece este cambio derogó un reglamento de 2008, el cual había otorgado a la UIF la capacidad de actuar como parte querellante en investigaciones sobre delitos relacionados con el lavado de activos.
Recomendaciones del GAFI
El informe del GAFI, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, subrayó la necesidad de que Argentina reevalúe el papel de la UIF como querellante. El organismo instó a establecer resguardos claros que garanticen la eficacia en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre las acciones sugeridas, se destacó la importancia de evitar conflictos de interés y mejorar la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales. La nueva estructura busca asegurar que la UIF cumpla su función de manera eficiente, sin comprometer su independencia.
Objetivos de la reestructuración
- Fortalecer la autonomía: La UIF podrá enfocarse en su función de análisis y prevención de actividades sospechosas sin el conflicto de ser parte querellante.
- Mejorar la coordinación: Se busca una mayor colaboración entre las distintas agencias gubernamentales para combatir el lavado de activos de manera más efectiva.
- Evitar superposiciones: La reestructuración está diseñada para delimitar las competencias de la UIF y otros organismos, reduciendo la duplicidad de esfuerzos.
Estos cambios marcan un giro en la estrategia nacional contra delitos financieros. Con este enfoque, el Gobierno pretende no solo alinearse con las recomendaciones internacionales, sino también optimizar el sistema de justicia en materia de delitos económicos.
Impacto en la lucha contra el lavado de activos
La eliminación de la potestad de la UIF como querellante podría tener diversas repercusiones en la lucha contra el lavado de activos. Por un lado, se espera que se agilicen los procesos de análisis y detección de actividades sospechosas, permitiendo a la UIF concentrarse en su papel principal. Por otro lado, la falta de acción directa en causas judiciales podría dificultar la persecución de los responsables de delitos financieros.
La decisión ha generado opiniones divididas en el ámbito político y social. Algunos argumentan que esta medida podría debilitar el sistema de justicia, mientras que otros creen que fortalecerá la capacidad operativa de la UIF al permitirle enfocarse en su misión principal.
Próximos pasos para la UIF
En el futuro, la UIF deberá adaptarse a su nueva realidad y buscar formas efectivas de colaboración con otras entidades, como el Ministerio Público Fiscal y la Agencia Federal de Ciberseguridad. Esto implica establecer protocolos claros y efectivos para compartir información y coordinar acciones en la detección y prevención de delitos financieros.
Noticia en desarrollo.
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